El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, dictaminó que un empresario que ofrece WiFi con acceso a Internet gratis para el público, ya sea en un hotel, tienda o bar, no puede ser el responsable de las vulneraciones de derechos de autor que cometan los usuarios o clientes que usen su red.
Son muchos los establecimientos públicos que ofrecen conexión a Internet de forma abierta y totalmente gratuita a los clientes o usuarios; esto da libertad para que las personas que se conecten a la red puedan navegar o descargar lo que quieran. Este hecho provoca que en algunas ocasiones descarguen contenido protegido por derechos de autor sin que el propietario de la red WiFi sepa que se realizan dichas actividades a través de su servicio.
Las descargas ilícitas a través de dichas redes públicas ha llevado a un ciudadano alemán, propietario de una tienda con WiFi gratis abierto al público, a responsabilizarle de vulnerar los derechos de autor porque un usuario de su red descargó una canción de manera ilícita, que estaba protegida por derechos de autor.
Pese a todo ello, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, dictaminó que un empresario que ofrece WiFi con acceso a Internet gratis para el público, ya sea en un hotel, tienda o bar, no puede ser el responsable de las vulneraciones de derechos de autor que cometan los usuarios o clientes que usen su red.
No obstante, el abogado general aclara que aunque alguien que explota una red WiFi gratuita no es el responsable del uso que se haga de esta, la directiva no lo protege contra un requerimiento judicial para que ponga fin a dicha vulneración o la impida, llegando acompañado de una multa.
Pero la directiva se opone a obligar, mediante requerimiento judicial, al propietario que ofrezca una red WiFi gratuita a desactivar la conexión a Internet, protegerla mediante una contraseña o llevar un control de las comunicaciones para comprobar si se transmite ilegalmente obras protegidas por derechos de autor. Ello implicaría limitar la libertad de expresión y de información.
